UNA BOMBA DEMOGRÁFICA

Os comparto un artículo publicado por el País de Sandra López Leton el 7 de enero 2022, que expone de manera detallada la dimensión al problema que nos enfrentamos, el envejecimiento poblacional a nivel mundial, en especial en España. Es un hecho que se viene produciendo de manera paulatina desde hace más de dos décadas y ahora está llegando a cifras preocupantes.

A medida que la cifra de nacimientos ha ido decreciendo y la población envejeciendo, empezó a haber más necesidad de gasto en dependencia y menos en educación. 

En palabras llanas, yo diría que hacía más falta de funerarias y cementerios que de paritorios.

Los datos del INE del 2018 dieron la señal de alarma  cuando en 2017, el número de fallecimientos en España superó al de nacimientos. Esto se tradujo en un crecimiento vegetativo negativo de 31.245 personas, una situación que no se producía desde hace 74 años, en plena Segunda Guerra Mundial. Y, desde 1996, no se habían registrado tan pocos bebés.

Un cambio de modelo social y familiar ha dado origen a este suicidio demográfico que tanto preocupa a las Organizaciones Internacionales, BM, FMI, BIP, y ONU.

Las necesidades de una población cada vez más envejecida supone un enorme reto para las arcas públicas y una gran oportunidad de negocio en el sector privado en el que los Fondos de Inversión han apostado gran parte de su capital al rojo, es decir al mundo de la vejez y de las Residencias de mayores, que se han convertido en verdaderos vellocinos de oro para sus intereses monopolistas.

Aquí el artículo de El País:

                                     EL TSUNAMI QUE VIENE, LA ECONOMIA DE LOS CUIDADOS

España se enfrenta a un desafío extraordinario: ser uno de los países más longevos del mundo. Pero la conquista no le va a salir gratis. El fuerte envejecimiento de su pirámide demográfica de aquí a 2050 generará importantes retos sociales y económicos, aunque también sustanciales oportunidades de negocio para el sector privado. Sin ir más lejos, las necesidades de cuidados de larga duración de la población crecerán drásticamente en las próximas tres décadas, sobre todo los relacionados con la dependencia. El desafío exige repensar el modelo sociosanitario y una fuerte inyección económica para evitar que se resquebraje el Estado de bienestar español.

La cuenta atrás ha empezado. Y lo ha hecho bajo mínimos. España apenas destina el 0,9% del PIB a cuidados de larga duración (incluida la asistencia sanitaria y social), por debajo de la media de los países la OCDE, donde este gasto representa el 1,5%. Estas cifras evidencian que no está a la altura de la inversión que le corresponde a un país tan longevo. Los Estados que más aportan son Países Bajos, donde esta partida alcanza el 4,1% del PIB, y Noruega, donde supone el 3,7%. La organización internacional estima que el gasto en cuidados se duplicará e incluso triplicará en 2050, impulsado por el envejecimiento de las poblaciones. Y cree que los gobiernos tendrán que encontrar un equilibrio entre ofrecer acceso a una atención de buena calidad y hacer sus sistemas económicamente sostenibles.

En ese complejo juego de equilibrio está España, que también calcula que hasta 2050 su gasto público en cuidados podría crecer a más del 2% del PIB y que el número de mayores de 65 años beneficiarios de ayudas a la dependencia podría duplicarse, hasta llegar a 1,6 millones de personas, según recoge el documento España 2050, presentado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado mayo como un ejercicio para decidir “qué país queremos ser dentro de 30 años”. Añade el plan que el gasto público en pensiones podría incrementarse en hasta cinco puntos de PIB (ahora supone el 12% del PIB) y el gasto sanitario podría aumentar en más de un punto. Una factura de calado que España tendrá que pagar. ¿Cómo? Entre otras medidas, incrementando las cotizaciones y estudiando la prolongación de la vida laboral de los mayores de 55 años, lo que reduciría el gasto público en pensiones y no iría “en detrimento del empleo de los jóvenes, puesto que los trabajos que realizan unos y otros son complementarios y no sustitutivos”, argumenta el Gobierno.

Estas proyecciones se explican porque la generación del baby boom, la más numerosa de la historia, envejece. A pesar de la pandemia —y con permiso de otras que pudieran llegar después—, en las próximas tres décadas este tsunami demográfico —consecuencia del descenso sostenido de la natalidad y de una reducción drástica de las tasas de mortalidad—, se hará más acusado. En 2050, un tercio de la población española tendrá más de 65 años. Serán 16 millones de personas, frente a los nueve millones actuales. Y por cada persona en esta franja de edad habrá solo 1,7 personas en edad de trabajar (hoy hay 3,4). Para entonces, los mayores de 80 años serán el 11,8% de la población.

Mas longevos que nunca

La supervivencia avanza de forma continuada desde hace cuatro décadas. A principios del siglo XX, la población española tenía una esperanza de vida al nacer de apenas 35 años. Hoy, está por encima de los 83 años y es la tercera más alta del mundo, solo superada por Suiza y Japón. De aquí a 2050 habrá vuelto a crecer, en torno a tres años más: hasta casi 90 años para mujeres y 85 años para hombres. “La población española va a vivir mucho más de viejos que de jóvenes”, dice la socióloga María Ángeles Durán, profesora de investigación en el CSIC.

Y, aunque la mayoría de la población española hasta los 74 años considera que su estado de salud es bueno o muy bueno, más años de vida implican más dependencia. Y cada vez más severa. “El envejecimiento de la población aumentará considerablemente el número absoluto de personas mayores dependientes de cuidados”, explica Vânia de la Fuente-Núñez, responsable técnico de la Unidad de Cambio Demográfico y Envejecimiento Saludable de la OMS.

También serán más las enfermedades y dolencias crónicas. Actualmente, “solo una de cada cuatro personas mayores de 65 años en España está libre de discapacidad o enfermedad crónica”, aportó María Luisa Carcedo, presidenta de la Comisión de Política Territorial y Función Pública y exministra de Sanidad, en el IV Encuentro de Economía Senior, celebrado el pasado diciembre. Cardiopatía, diabetes, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, accidentes cerebrovasculares, demencia, deficiencias sensoriales, trastornos depresivos o artrosis provocan la pérdida de años de vida saludable.

No hay que olvidar el dolor crónico, presente en una de cada cuatro familias españolas y que representa un alto coste: el 2,5% del PIB de España. “El envejecimiento de la población y las comorbilidades, vinculadas tanto a la edad como a los tratamientos que están afortunadamente consiguiendo un aumento de la expectativa de vida, están claramente asociados a una mayor prevalencia del dolor y severidad. Debemos anticiparnos”, recalca Víctor Mayoral, presidente de la Sociedad Española Del Dolor.

En los próximos años, esta pata de la llamada economía de los cuidados —concepto mucho más amplio que incluye todos los cuidados, desde que nacemos hasta que morimos— tendrá un peso sustancial en la sociedad española. Porque, un día u otro “todos vamos a ser dependientes o vamos a convivir con un dependiente”, vaticina José Manuel Rodríguez, presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

Una realidad abrumadora en la que el sector público juega el papel protagonista, pero en la que el sector privado tiene un papel clave, ya que el sistema de dependencia se desarrolla mediante un esquema mixto de financiación. Aunque la valoración, la prescripción y el seguimiento de la dependencia son públicos, la provisión de los servicios es privada. “El sector de cuidados a la dependencia está en un 80% u 85% en manos privadas. La Administración compra en el mercado los servicios que procura a la sociedad, adquiridos mediante conciertos por la Administración”, explica Luis Alberto Barriga, director general del Imserso. 

Solo el sector de la teleasistencia y ayuda a domicilio facturó 1.755 millones de euros en 2020 —año de los confinamientos y restricciones—, tras registrar un crecimiento del 2% respecto a 2019, año en el que la facturación aumentó un 7,5%, según DBK. Las cinco primeras entidades del sector son Clece, DomusVi, Sacyr Social, Asispa y Suara Cooperativa, de acuerdo con esta consultora. “La actividad empresarial relacionada con los cuidados formales —gestión de residencias, teleasistencia y ayuda a domicilio— representan en torno al 0,5% del PIB español”, añade Benigno Lacort, consejero delegado de Atenzia, otra de las empresas que ofrece teleasistencia domiciliaria, con datos de la Subcomisión de Servicios Sociales de CEOE.

La bomba demográfica está aquí y no solo pondrá contra las cuerdas al Estado de bienestar español. Barrerá el planeta. “Las personas de 60 años o más ya superan a los niños menores de cinco años y para 2050 una de cada cinco personas estará en esa franja de edad”, señala De la Fuente-Núñez, de la OMS. El número de mayores de 80 años o más se triplicará, de 143 millones en 2019 a 426 millones en 2050. Aunque es importante tener presente que “la pandemia ha modificado demográficamente algunos países, con índices de mortalidad más alta en la población de más de 80 años”, reseña Mercedes Abades Porcel, profesora de Enfermería Geriátrica y directora de la Escuela Universitaria de Enfermería del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. 

Este es el esperanzador, y a la vez demoledor, mapa del envejecimiento y requiere que los Estados actúen. El desafío exige una respuesta integral que, de momento, no ha llegado. “En el año 2020, tan solo un 49% de países habían reportado tener una política o estrategia de cuidados a largo plazo”, según la representante de la OMS. 

España se encamina a una crisis de los cuidados si no toma medidas ya. Esta es la mala noticia. La buena, al menos sobre el papel, es que semejante desafío acaba de entrar en la agenda política y, de hecho, el Gobierno ha incluido el asunto entre las reformas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Se trata del componente 22, llamado Plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de inclusión, que se dotará con más de 3.500 millones de euros de los fondos europeos.

Falta financiación

Queda mucho por hacer. España cuenta con el paraguas de la Ley de Promoción de Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia,aprobada en 2006 y conocida como el cuarto .pilar del Estado de bienestar. Sin embargo, y 15 años después, el sistema de atención a la dependencia está falto de financiación y deja sin cobertura a miles de personas, lo que provoca que una gran parte de los cuidados recaiga en el entorno familiar (en un 60% a cargo de mujeres) y, en menor medida, sobre el sector privado. La pandemia no ha hecho más que evidenciar las carencias del modelo, especialmente en las residencias. 

Con fecha del 31 de diciembre de 2020, había en España 1.356.473 personas (30.000 menos que en 2019 por la covid) en situación de dependencia reconocida y otras 141.556 pendientes de valoración, según datos de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Esto significa que el 3,6% de la población española necesita apoyos de mayor o menor intensidad para desarrollar las actividades básicas de la vida diaria.

 

El limbo de la dependencia —personas con derecho pendientes de recibir servicio o prestación— es uno de los mayores fracasos del sistema. En él había 234.000 personas a finales de 2020. Tienen en su contra que el tiempo medio de tramitación de un expediente es de 430 días, aunque en cuatro comunidades (Canarias, Andalucía, Extremadura y Asturias) se superan los 18 meses. Cristóbal Valderas, presidente del grupo Clece, habla sin paños calientes: “Se mueren cerca de 174 personas al día con la ayuda aprobada. Estamos fallando como sociedad”. En concreto, en 2020 fallecieron 55.487 personas en las listas de espera. El asunto se ha convertido en un arma arrojadiza política. "En 2021, el sistema incorporó a 60.000 personas y la lista de espera se redujo un 8%", dijo Ignacio Álvarez Peralta, secretario de Estado de Derechos Sociales, durante el último encuentro de Economía Senior. Sin embargo, las comunidades y el Gobierno habían pactado sacar de esa lista de la vergüenza a 60.000 personas en 2021 y tan solo salieron 20.000", criticó Alicia García, portavoz del PP en la Comisión de 

Derechos Sociales del Congreso de los Diputados.

La inversión pública en el sistema de atención a la dependencia fue de 8.907 millones de euros en 2020 (último dato disponible), en torno al 0,6% del PIB. El gasto anual medio por persona beneficiaria ascendió a 7.991 euros. Las comunidades autónomas financiaron el 84,4% y la aportación estatal se situó en el 15,6%, muy lejos del 50% que exige la ley y que ningún gobierno ha cumplido. 

“La financiación estatal se estancó tras los recortes de 2012 del Gobierno de Mariano Rajoy y ello ha supuesto dejar de invertir 6.000 millones de euros”, denuncia el presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez. Sin embargo, añade, en enero de 2021, Gobierno e interlocutores sociales acordaron un plan de choque a la dependencia que contemplaba un incremento de la financiación de 600 millones de euros para 2021 y la recuperación del nivel acordado. “Las tres patas del plan de choque son reducir las listas de espera, mejorar los servicios de atención domiciliaria y residencial y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del sector”, enumera el secretario de Estado de Derechos Sociales.

Gasto o inversión

Los expertos consultados advierten de que uno de los grandes retos para trasformar el modelo de cuidados es tratar el coste como una inversión y no como un gasto. “Por cada millón de euros de inversión pública se generan 35 puestos de trabajo directos, estables y no deslocalizables. No hay ninguna inversión pública que aporte tantos empleos directos”, señala José Manuel Rodríguez. En concreto, el sector emplea a 250.000 personas. Además, insiste Rodríguez, se generan retornos económicos del 39,9%. “Por cada millón de euros, 400.000 euros se revierten al Estado a través del IVA, el impuesto de sociedades y la Seguridad Social”. 

También el profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha, Fernando Bermejo, expone que la partida en dependencia no debe entenderse solo en su dimensión de gasto: a través de la demanda de consumo que genera también se crea empleo y renta. Los resultados de su investigación reflejan que “con un gasto en dependencia de 5.400 millones de 2009 a 2015, el nivel de producción que genera ese gasto es más del doble”. La mayor parte de la renta obtenida en la producción se distribuye entre los salarios de los trabajadores y los beneficios a las empresas, pero otra parte vuelve a la Administración. Por ejemplo, el gasto público anual en dependencia en España genera un retorno a las arcas públicas del 37% del gasto inicial a través de impuestos. 

La socióloga María Ángeles Durán, profesora de investigación del CSIC, primera mujer en recibir el Premio Nacional de Sociología y autora del libro La riqueza invisible del cuidado: el cuidatoriado, insiste en hablar de los cuidados como producción de riqueza. Una riqueza que, sin embargo, no se refleja en el PIB porque es un trabajo gratuito que suele recaer en las mujeres. 

Durán calcula que ese trabajo no remunerado “correspondería a 28 millones de empleos a tiempo completo”. La investigadora ha desarrollado el concepto de cuidatoriado, una clase social emergente muy desprotegida y formada, sobre todo, por mujeres inmigrantes que cuidan. “La carga del cuidado que se nos viene encima es tremenda”, señala. Durán dice que por cada 12 horas que ponen los profesionales hay que añadir 88. “Imagine la desproporción entre el sector pagado y el no pagado: por cada 12 horas del primero se necesitan otras 88 del sector privado, de las familias o de autocuidados”. 

Otro de los retos de la dependencia es la falta acuciante, y muy preocupante, de mano de obra. “El problema del envejecimiento radica en la falta de recursos y de retribuciones salariales justas y equiparables a países como los nórdicos, donde se considera un plus cuidar a las personas mayores. Los salarios de estos profesionales son mayores y esto facilita retener profesionales en el sector”, señala Mercedes Abades. El director general del Imserso, Luis Alberto Barriga, estima que “se van a necesitar unos 290.000 profesionales más en el sector de los cuidados en 2040″. El sector es uno de los menos atractivos para trabajar por sus condicionales laborales y salariales. Se calcula que en torno al 80% de los cuidadores no son profesionales. Hasta el punto de que “el 60% o 70% de las empleadas del hogar están haciendo hoy tareas de cuidados y eso es un defecto del sistema”, dice Barriga. 

Esta falta de mano de obra y la alta rotación es el pan nuestro de cada día en las empresas de atención a domicilio, donde “tres de cuatro trabajadores son mujeres”, apunta Ramírez. Clece, compañía de ACS, es la principal empresa que trabaja en el sistema de atención a la dependencia. Da ayuda a domicilio a 122.365 usuarios a través de 18.376 profesionales y su cuota de mercado fue del 19,45% en 2020, según DBK. Su presidente pone el acento en la falta de financiación y critica el aumento del copago. “Dificulta el acceso universal de los mayores a estos servicios”, dice Valderas. Según la comunidad autónoma, el dependiente paga entre el 0% y el 75% del servicio. 

A estas compañías se las culpabiliza de los bajos salarios y las condiciones laborales del personal.  Valderas cree que es “injusto”, porque “las empresas solo pagamos el salario que se recoge en los pliegos de condiciones que sacan a concurso los ayuntamientos” y que oscilan desde los 13 euros la hora de media en Andalucía a los 26 euros del País Vasco. El presidente de Clece considera que es momento de dignificar el sector y pide que sindicatos y patronales incrementen los salarios y que estos se reflejen en los pliegos. 

El creciente envejecimiento y la cada vez mayor demanda de cuidados, así como la imposibilidad del sector público de atenderla, es el abono para muchas empresas y start-ups nacidas en los últimos años. Su fin es vender cuidados y su éxito es una muestra del crecimiento exponencial que está teniendo el sector caretech en España. Un buen ejemplo es Cuideo, fundada en Barcelona en 2016 y líder en España en el sector de cuidados a domicilio. Su aportación ha sido digitalizar el sector y ofrecer servicios en cualquier punto del país. “Desde que comenzó la pandemia se ha multiplicado por tres la demanda de cuidados a domicilio”, señala José Luis Ballescá, analista de Desarrollo de Negocios de Cuideo. Otras empresas son Qida o Senniors. 

Las familias tienen necesidad y prisa. “Desde que empiezan a buscar en Google hasta que encuentran cuidadora pasan menos de 24 horas”, según la start-up navarra Familiados, que ha contabilizado que en 2021 hubo más de 300.000 búsquedas de cuidadores mensuales en internet. La hora de cuidados se paga a 14 euros de media en provincias como Navarra, Barcelona o Guipuzkoa, mientras que apenas llega a 10 euros en Sevilla, A Coruña o Murcia. 

La lista de este ecosistema empresarial es amplia. Algunos ejemplos son Tucuvi (inteligencia artificial y voz para monitorizar a los pacientes en su hogar) o SeniorDomo (con dispositivos como localizadores o sistemas de detección de caídas). “Es un sector económico que se abre paso y que, además, es atractivo para la inversión extranjera”, expone María Romero, socia directora del área de Economía de Afi. Se refiere al interés que muestran los inversores internacionales en este tipo de compañías, en las residencias de la tercera edad y en el negocio del cuidado a distancia. 

España pone el contador a cero para surfear la ola más grande de su historia. Repensar el modelo de arriba a abajo “es un tema que va a requerir de una especie de Pacto de Toledo”, cree Barriga. Y añade: “Ya hay conciencia de problema y de desafío, que no es poco”. María Luisa Carcedo tiene clara que la estrategia ha de ser global: “Tenemos que repensar la sociedad en su conjunto. Que las personas que quieran morir en su casa puedan hacerlo; hay que redefinir el urbanismo, la vivienda o el transporte público”. 

Hoja de ruta

La hoja de ruta del Gobierno español pasa por reforzar las políticas de atención a la dependencia e impulsar el cambio en el modelo de cuidados de larga duración, impulsando la desinstitucionalización. Es decir, se priorizará que estas personas permanezcan en sus hogares y sean atendidas en entornos comunitarios el mayor tiempo posible, frente al traslado a residencias. La gente mayor quiere estar en sus casas. “No quiere morir alrededor de batas blancas”, dice José Manuel Ramírez. Esto no significa el cierre de las residencias, que deberán estar centradas en las personas y serán centros más modulares y pequeños. 

Emergerán nuevas opciones, como las fórmulas de autocuidado basadas en innovaciones tecnológicas (telemedicina, apps, supervisión por internet, adaptaciones domóticas). Hablamos de robots sociales, andadores inteligentes, teleasistencia avanzada (avisa si, pasadas una horas, el usuario no ha abierto el grifo, por ejemplo)… España también contempla la cohabitación con apoyo intergeneracional entre miembros que no sean de la familia, el denominado senior cohousing en sus múltiples formas (viviendas colaborativas, cooperativas, colectivas) o los bancos de tiempo o voluntariado de acompañamiento para evitar la soledad. 

                                                           La economía de "ricitos de oro "

No veo la manera de reducir los precios de los servicios sin hacer lo mismo con la creación de empleo en el sector.

• Paul Krugman
• Para la economía estadounidense, 2021 ha sido, al mismo tiempo, la mejor y la peor de las épocas; bueno, quizá no haya estado tan mal, pero aun así. 
• La buena noticia es que el paro se desplomó gracias al rápido crecimiento y a la creación de empleo. La mala es que la inflación está en su nivel más alto en décadas. Por eso, los economistas que advirtieron sobre la inflación a principios del año pasado,  tenían razón, mientras que los que quitamos importancia al riesgo o predijimos solo un breve interludio de subida de los precios nos equivocamos. Sin embargo, hay dos preguntas relacionadas con esta combinación de buenas y malas noticias que la gente debería hacerse, pero que, al menos que yo sepa, la mayoría no se hace. ¿Podríamos haber tenido una inflación considerablemente más baja sin un panorama laboral mucho peor? Y de no ser así, ¿habría sido buena idea aceptar una recuperación económica más lenta del empleo a cambio de menos inflación? Mi respuesta es un no rotundo a la primera pregunta y un probable, aunque no del todo seguro, no a la segunda. 
• Ahora bien, si estoy en lo cierto en ambas cuestiones, se desprende una conclusión sorprendente: la política económica en 2021 en realidad ha sido bastante buena. De hecho, teniendo en cuenta las dislocaciones relacionadas con la actual pandemia, lo que hemos puesto en práctica ha sido una economía “ricitos de oro”, o del punto justo: ni demasiado fría ni demasiado caliente. 
• Ya puedo oír los gritos, pero tengan un poco de paciencia. Empecemos por lo que debería ser un punto incuestionable: la recuperación de la época de la covid ha sido muy desequilibrada. El miedo al contagio ha limitado la demanda de servicios presenciales, como las comidas en restaurantes, y la gente la ha compensado comprando bienes físicos como coches y electrodomésticos. Las adquisiciones reales de bienes de consumo duraderos siguen superando en más de un 20% el nivel anterior a la pandemia, mientras que las de servicios hace poco que acaban de volver a su nivel de hace dos años. Y las cadenas de suministro han tenido dificultades para seguir el ritmo de la creciente compra de productos. 
• Los principios básicos de economía nos enseñan lo que se supone que pasa cuando se produce una distorsión de la demanda y una limitación de la oferta: los precios de las cosas que la gente corre a comprar deberían subir con respecto a los precios de las que la gente sigue evitando. Y, en efecto, la relación entre el índice de precios de los bienes duraderos y el de los servicios ha aumentado considerablemente, haciendo que se invierta la tendencia normal a la baja impulsada por la tecnología.
• Esta inflación relativa de los bienes en comparación con la de los servicios era inevitable si no queríamos sufrir una escasez paralizante que, de hecho, hemos evitado: algunos artículos de consumo han sido difíciles de conseguir, pero los pronósticos de un apocalipsis de los suministros durante las Navidades no se han materializado. Pero podríamos haber tenido una inflación general más baja si hubiéramos forzado el descenso de los precios de los servicios —­por ejemplo, recortando las ayudas a las familias o subiendo los tipos de interés, limitando así el gasto privado— en vez de hacer lo que hicimos, que fue realizar todo el ajuste mediante el aumento de los precios de los bienes. ¿Habría sido esto una opción mejor? 
• La verdad es que no veo la manera en que podríamos haber reducido al máximo los precios de los servicios sin hacer lo mismo con el empleo en el sector. Es decir, a menos que los responsables de la toma de decisiones políticas tengan acceso a alguna varita mágica de la que no tengo noticia, en 2021 solo habríamos podido mantener baja la inflación a costa de una repercusión del empleo mucho más lenta. Y eso habría sido malo. Un nivel alto de desempleo no solo es dañino mientras dura, sino que también tiene efectos destructivos a la larga porque, como muestran las pruebas, los ingresos de los jóvenes que empiezan su vida laboral en una situación de debilidad económica se ven perjudicados permanentemente.
• Por lo tanto, frenar la recuperación habría sido un grave error si el pico de inflación de 2021 no se convierte en una espiral de salarios y precios, y al final conseguimos volver a bajar la inflación sin pasar por una recesión importante. Por decirlo suavemente, habría sido una tragedia que centenares de miles de estadounidenses que ahora tienen un empleo se hubieran visto privados de un puesto de trabajo solo para reducir la congestión en los puertos de Los Angeles y Long Beach. Así pues, ¿podemos reducir la inflación con dignidad? La Reserva Federal cree que sí. Y lo mismo piensa la mayoría de analistas independientes y también un servidor, aunque, por supuesto, todos podríamos estar equivocados. 
• Y a los que siguen las noticias les digo que no, que las indicaciones de las recién publicadas actas de la Fed de que las autoridades están preocupadas por la inflación y prevén subir los tipos de interés este año no equivalen a reconocer que se equivocaron al mantenerlos bajos el año pasado. Cuando voy a incorporarme al tráfico de la autopista, sigo pisando el acelerador y aflojo el pedal una vez que he alcanzado la velocidad de crucero. ¿Qué hacen ustedes?
  
  
  Como he indicado antes, me imagino que a mucha gente le irritará profundamente cualquier insinuación de que los responsables de la política económica han hecho un trabajo bastante decente en los últimos tiempos. No obstante, antes de empezar a despotricar contra la inflación, pregúntense qué habrían hecho ustedes de manera diferente y si sus medidas alternativas habrían dado como resultado las excelentes noticias sobre el empleo que hemos tenido. 
• No digo que debamos hacer caso omiso de la inflación. La Reserva Federal hace bien en plantearse una subida de los tipos de interés ahora que parece que la economía se acerca al límite de su capacidad. Pero aceptar la inflación durante un tiempo probablemente ha sido la decisión correcta.
• https://elpais.com/economia/negocios/2022-01-09/el-tsunami-que-viene-la-economia-de-los-cuidados.html
Paul KRUGMAN es premio Nobel de Económia. The New York Time 2022. Traducción de News Clips.