INTRUSISMO ALIMENTARIO, CIERRAN 7.556 EMPRESAS AGRICOLAS EN UN MES

INTRUSISMO ALIMENTARIO. NO DEJEMOS MORIR AL MUNDO RURAL

El sector ganadero,  agricultor  y el de la caza exigen medidas reales para cambiar el modelo agrícola y ganadero actual  y reflotar los pueblos de la España vaciada. 

En las recientes manifestaciones en Madrid frente al Ministerio de Agricultura, y en la Comunidad de Valencia,  demostraron su indignación por valor el alto coste energético que tienen que soportar y que puede llevar al traste a muchas empresas del sector. El requerimiento desesperado de las organizaciones por la baja rentabilidad en sus explotaciones debido a los costes de producción, fue exigir leyes adecuadas y que el Gobierna en lugar de dar subvenciones, defienda sus intereses en Bruselas. 

Jesús Julio Carnero, Consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León, citó el borrador del Plan Hidrológico Nacional, las campañas contra el azúcar y la carne y exigió que Europa  “ levante las restricciones, dentro de la PAC, que no permiten tener todo el campo cultivado” , lo que evidencia  un desinterés absoluto del Gobierno de Sánchez.

                                                              Protesta de agricultores en Madrid. Marzo 2022

Conociendo el populismo de los partidos políticos, no resultó extraño que se unieran a la protesta algunos partidos que gobiernan en comunidades rurales sin que sus representantes   interpelen  al Gobierno en el Parlamento para mejorar el modelo de economía agraria.  Sumarse a las protestas del sector,  fue un mero postureo para obtener réditos políticos.

CIERRAN  7.556 EMPRESAS AGRICOLAS  EN UN MES

EL digital VoZpopuli  publicó en marzo 2022 un articulo dando unas estadísticas de la Seguridad Social sobre el sector agrícola, ganadero y pesquero que pone los pelos de punta.

De 99.503 empresas que estaban registradas en la Seguridad Social en febrero, bajaron a 91.947. Lo que equivale al cierre de 7.556 empresas.

El sector agrario es uno de los más afectados por las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania, el aumento de los combustibles. El cierre de estas 7.556 empresas, es un  nuevo bache que se  añade a la crisis que sufrieron  por la pandemia.

Si se observa un año normal,  previo a la covid-19, se concluye que en marzo solía reducirse el número de empresas en este sector. Sin embargo, la reducción era mucho más moderado que la de este año. En marzo de 2019, la variación intermensual fue de -2.269 empresas; mientras que en el mismo mes de 2018, sólo se perdieron 1.778 empresas.

La caída es ahora incluso mayor que la que sufrió en marzo de 2020, con el estallido de la pandemia. En aquel mes, con la declaración del estado de alarma, el número de empresas inscritas en la Seguridad Social del sector agrario descendió en 6.669; mientras que el pasado año, lastrado todavía por la covid-19, se dieron de baja 10.446 empresas entre febrero y marzo, una de las caídas más drásticas experimentadas en este sector en un mes de marzo.

EL PODER DEL CONSUMIDOR

Creo que las organizaciones  rurales se equivocan al invocar  al Gobierno para que los defienda en Bruselas. Olvidan  que existe un poder mucho mayor que el del Gobierno, que debería ser tenido en cuenta, el de los  consumidores directos. 

La globalización   y  los  monopolios están condicionando los  hábitos de consumo, especialmente el  alimentario,  algo que está  perjudicando  no solo a  los propios consumidores al consumir productos procesados de peor calidad,  también perjudica a los  agricultores  y  ganaderos locales. El consumidor debería abstenerse de comprar por ejemplo los "pimientos del padrón" procedentes de Marruecos, los limones y naranjas de Sudáfrica, o la carne de Argentina. Ahora es fácil  conocer la procedencia, está indicada en la etiqueta de cada alimento. Sería la mejor manera de ayudar a nuestros agricultores y ganaderos pues desplazaría los alimentos importados como está haciendo Francia. Posiblemente forzaría a que el Gobierno  negociara  con Bruselas acuerdos más favorables para el sector y para la economía en general del pais. Aunque comprar productos autóctonos nos supusiera pagar unos céntimos más, estaría más que justificado, además de ganar en calidad y seguridad alimenticia, ya que muchos alimentos  importados son transgénicos y carecen de controles. 

                                               Naranjas de Sudáfrica de venta en el super del Corte Inglés

En el caso de las naranjas que importamos de Sudáfrica, La Unió de Llauradors ha detectado, por tercer año consecutivo, la presencia de materias activas de pesticidas en cítricos (naranjas y limones) cuyo uso está prohibido en la Unión Europea, tal y como reflejaron las analíticas efectuadas en un laboratorio homologado. El aceite que viene de Marruecos, tampoco cumple con los mismos requisitos fitosanitarios que exigen para el aceite español. 

Si el gobierno se somete al intrusismo alimentario que le impone la UE, y legisla a espaldas del medio rural, la mejor medida y la más pacífica es un boicot para acabar con el desinterés del gobierno hacia  un sector tan vital y crucial como es la agricultura y ganadería.

Al 90% de la población española le preocupa la despoblación  y la economía de las zonas rurales, según la encuesta del CIS en 2018. Creo que es el momento de demostrar que el pueblo es soberano en las democracias y podemos decidir y exigir al Gobierno que no deje morir al mundo rural. 

Decidamos que alimentos queremos consumir y a quiénes queremos tener como proveedores de nuestros alimentos.

Luisa Vicente